ENTREVISTA A JORGE CORTELL-ALBERT, PROFESOR DE PROPIEDAD INTELECTUAL

«En la era digital no tiene sentido
hablar de Propiedad Intelectual,
si es que alguna vez lo tuvo.»

La era digital trajo aparejada la obsolescencia de las leyes de propiedad intelectual, por lo menos tal como están formuladas actualmente. Sin embargo, desde distintos organismos de poder luchan por poner restricciones a las posibilidades de reproducción que brindan las nuevas tecnologías. Por ejemplo, englobando como piratería todo tipo de transmisión libre de la información y los productos artísticos, incluyendo las copias privadas. Detrás del debate se registran dos posturas: aquella que pugna por mantener los esquemas de comercialización tradicionales, y otra que festeja los enormes beneficios de un traspaso libre del conocimiento.

Juan Pablo Palladino
juanpalladino@yahoo.com

Desde que existe la posibilidad tecnológica de descargar música y otras creaciones artísticas e intelectuales de Internet, el debate acerca de la Propiedad Intelectual y los beneficios y perjuicios de estos métodos de reproducción privada se transformaron en un engorrosa polémica.

De un lado, las sociedades de autores, las discográficas y editoriales, demasiados artistas y algunos gobiernos, apoyándose en los derechos de patentes y de Propiedad intelectual. Del otro, los usuarios y teóricos que rescatan los beneficios democráticos de las nuevas tecnologías con respecto a la expansión del conocimiento y el disfrute cultural,  quienes critican las ingentes ganancias que los amos del mercado (no precisamente los artistas) obtienen gracias a la gestión de los derechos de creación y a los altos precios de los productos canalizados a través del mercado oficial (casas de libros, de música, cines, etcétera).

Por la fuerza con que el primero de estos discursos es reproducido mediáticamente —gracias al poder económico que lo sustenta—, es raro aún encontrar voces argumentadas que se opongan a las campañas a favor de la protección intelectual de las obras y en contra de la tan mencionada piratería.

Desde esos organismos tienden a confundir los términos y meten en una misma bolsa fenómenos bien distintos: una cosa es la piratería, que se refiere a la comercialización ilegal de copias de productos artísticos protegidos (como la venta callejera de cedés, por ejemplo) y todo lo que ello envuelve; y otra muy distinta, la copia privada sin ánimo de lucro que la ley ampara, como la descarga de música, textos y otras obras de Internet.

Por ello, teína entrevistó a Jorge Cortell-Albert, profesor del máster en Propiedad Intelectual y eCommerce en la Universidad Politécnica de Valencia, que desde hace tiempo viene pregonando en sus conferencias, clases y página web la libre circulación de la información que brinda la era digital. A su juicio, y al de muchos otros, las leyes de Propiedad y las Patentes, tal como están planteadas hoy día, interfieren y dificultan la creación. Pero los sectores que luchan por mantener su poder oligopólico en el prolífero mercado de la cultura hacen lo que está su alcance —y no es poco— para poner límites a las nuevas tecnologías y mantener el esquema de comercialización tradicional.

La propiedad intelectual es un término que no muchas personas se atreven a cuestionar teóricamente (aunque sí en la práctica) ¿Qué lecturas, negativas y positivas, hace usted de este concepto? ¿A quiénes benefician las leyes que protegen la propiedad intelectual?

En la era digital no tiene sentido hablar de Propiedad Intelectual (si es que alguna vez lo tuvo). Si la Propiedad implica antagonismo (si lo tengo yo no lo tienes tú) y exclusión (si lo cierro, tú no entras), la creación Intelectual no puede (ni debe) ser excluida. Además, desde el momento en que se puede hacer una copia digital idéntica al original, tampoco es antagónica.

Existen multitud de estudios que demuestran que las leyes de Propiedad Intelectual y las de Patentes interfieren y dificultan la creación (cuando se supone que lo que tendrían que hacer es protegerla y fomentarla). Además, en situaciones donde la ley no existe o no se aplica, sigue habiendo un mercado y un negocio, lo que significa que deberíamos replantearnos estas leyes. Estas leyes sólo benefician claramente a los intermediarios (editores, discográficas, sociedades de gestión, etc). Estos intermediarios, que han pasado de ser imprescindibles a ver peligrar su papel, son lo que más beligerantemente se oponen a un cambio de paradigma que libere la cultura y la creación, y aproveche los nuevos modelos de negocio que ofrece la red. Ellos son los únicos que tienen algo que perder (poder oligopolístico) y están dispuestos a todo con tal de no perderlo.

¿Cuál es la definición de —piratería— tras la cual se amparan instituciones como la SGAE? ¿Qué entramado ideológico se esconde detrás de las campañas en contra del fenómeno que califican con ese término?

La piratería entendida como comercialización ilegal de copias de obras protegidas por la ley de propiedad intelectual es sinónimo de Top Manta (fenómeno contra el que todos estamos). Cualquier otra actividad sin ánimo de lucro (copia de un cedé de música, descarga de una película de una red P2P, etc.) es una actividad perfectamente legal, tal y como establece el concepto de «Copia Privada» de la Ley de Propiedad Intelectual (y por el que pagamos un elevadísimo e injusto canon). Existe una campaña orquestada por entidades como la SGAE, ACAM, discográficas y el Ministerio de Cultura que pretenden inducirnos al error de pensar que es ilegal hacer cualquier copia bajo cualquier circunstancia, llamando piratería a lo que es y a lo que no es.

Se dice que la libre circulación de información de todo tipo convierte a Internet en un medio de comunicación único en cuanto a la democratización de la cultura y a la libertad de expresión. ¿Entonces por qué el interés de muchos gobiernos en penalizar el intercambio de productos culturales?

Hay muchos gobiernos que no están interesados en que sus ciudadanos se organicen e informen de manera independiente. A su vez, hay muchos gobiernos y entidades no quieren cambios en el Status Quo que tan bien les da de vivir. Esto es lo que ocurre cuando se deja de mirar por el bien común, y se atiende sólo al interés egoísta a corto plazo (pues, a la larga, todos, incluidos ellos, salimos perjudicados).

Si se trata de alentar el acceso a la cultura, ¿qué papel debería desempeñar el poder político en el marco del paradigma digital, teniendo en cuenta que se acusa a este sistema de traer aparejadas importantes consecuencias económicas y sociales?

La Constitución Española ya hace garante al gobierno de la tutela y garantía de acceso de todos los ciudadanos a la cultura, y supedita la propiedad de cualquier bien al bien común. Nos hacen falta políticos con coraje y valor, que se enfrenten a la nueva realidad con responsabilidad y visión de futuro para garantizar que conseguimos enfocar los avances tecnológicos del modo más beneficioso para todos (y no convertirlos en una herramienta de control y opresión, y en una excusa para limitar los derechos individuales).

En este sentido, ¿cómo ve la nueva normativa de protección de derechos intelectuales que propone el gobierno español?

Proponen medidas extremas que causarían un grave daño al acceso a la cultura. No entiendo cómo defienden las bibliotecas y atacan el libre acceso a la cultura a través de Internet, "la mayor biblioteca del mundo".

Por otra parte está la brecha tecnológica: hoy día, con las desigualdades económicas que hay en el mundo, la mayor parte de la humanidad queda excluida del acceso a Internet. ¿Hasta qué punto se puede sostener esa democratización cultural que arguyen los usuarios de la red?

El acceso a las tecnologías, a la red, no es universal, igual que no lo es el acceso al agua potable. Hay que luchar porque esas desigualdades desaparezcan o se reduzcan en lo posible. Internet es de nuevo una herramienta muy valiosa en esa lucha. Los países menos desarrollados tienen la ventaja de que al no tener infraestructuras de telecomunicaciones antiguas (como líneas analógicas) pueden, si deciden implantarlas, desplegar directamente las más adecuadas (que además suelen ser las más económicas), sin tener que rentabilizar inversiones anteriores o sin preocuparse de transiciones y compatibilidades de sistemas.

Pero imaginemos un horizonte, quizá no muy lejano, donde la totalidad de los productos culturales se intercambien libremente por la red. ¿No implicaría esto la desaparición de grandes sectores que se dedican a la producción del formato físico de esos productos, con las consecuentes repercusiones sociales?

Cuando aparecieron los frigoríficos ¿a alguien le preocupó que desapareciesen los fabricantes de hielo y los repartidores a domicilio? Con la aparición del automóvil ¿qué pasó con los coches de caballos? Renovarse o morir. Si un intermediario resulta ser innecesario por el avance de las tecnologías, pues tendrá que desaparecer. O podrá adaptarse modificando su modelo de negocio. Cuando los ordenadores personales le ganaron la batalla a los mainframes, IBM cambió de estrategia, y hoy en día sigue ganando dinero. No se empeñó en que se protegiese su mercado y sus inversiones con leyes que perjudicaran a los demás. De todos modos, siempre habrá un hueco para el soporte físico. Siempre hará falta promoción. Siempre habrá quien prefiera productos prefabricados y empaquetados. Sólo que no será la única opción. Pero, según parece, para conseguir la libertad de la cultura vamos a tener que luchar, y mucho.

¿Cómo compatibilizar la existencia de un mercado físico que representa ingentes fuentes laborales y la del paradigma digital, que prescindiría de gran parte del aparato de producción física tradicional y, consecuentemente, lo reduciría?

¿Cómo compatibilizar la existencia de la robótica con los empleados de las fábricas? Nuevos métodos, nuevos modelos de negocio. Esos intermediarios pasarán a prestar otros servicios, o trabajarán de cajeros en un banco. Así es la vida. Si por proteger sus puestos de trabajo, todos hemos de pagar productos encarecidos artificialmente (como demuestran sentencias del tribunal de la competencia), y tener acceso a un número muy limitado de obras, entonces será mejor que pierdan esos puestos de trabajo y dejen de ser una lacra para la creación. Lo importante es que el creador ya no los necesita para crear, para producir, para promocionar, ni para vender. La músico de jazz Maria Schneider recibió recientemente un premio Grammy por un disco que compuso, produjo, grabó y distribuyó ella sola a través de Internet. Si ella ha podido (ganando más que si hubiese grabado 20 discos a través de una discográfica tradicional), ¿por qué no van a poder otros?

Por ejemplo, desde los sectores pro-copyright se apunta que el intercambio indiscriminado de archivos protegidos implica una enorme disminución en las ventas y, por tanto, una crisis que conlleva la pérdida de miles de puestos de trabajo. Buscan apoyarse en las secuelas económicas de la digitalización de los productos culturales ¿Qué hay de cierto en todo esto?

La verdad es que ellos han reducido la producción física de cedés un 25%. ¿Cómo esperan vender más? Además hay varios estudios que muestran la correlación (lógica y típica por otra parte) entre la subida de precios y la bajada de ventas. Los años en los que han subido los precios han vendido menos. Quienes los han bajado han vendido más. Ahora están en récord de ventas (pese a que las redes de intercambio de archivos tienen más usuarios que nunca).  Pero eso lo ocultan. ¿Por qué? Miedo al cambio, miedo a perder el poder.

Vayamos a un caso concreto: la subida en el precio de los cedés a causa del canon de la SGAE. ¿Se trata de beneficio neto para esta organización o simple muestra de fuerza, a costa, claro, de quien no piratea?

Todos pagamos ese «canon compensatorio por copia privada» (que no tiene nada que ver con la piratería). Aunque el contenido del cedé sean nuestras fotos de las vacaciones, las radiografías de un accidente, la vista oral de un juicio o los presupuestos generales del estado. Es un canon indiscriminado y absurdo basado en un supuesto totalmente irreal: que cada copia que se hace es de una obra protegida que por ello pierde una venta. Es obvio que esto es falso; pero la ley así lo recoge, y ellos aprovechan esta situación mientras dure. Llevan recaudados más de 60 millones de euros, de los que se quedan una «comisión por gastos de gestión» (aproximadamente un tercio), y el resto lo reparten de modo no equitativo entre sus miembros (recordemos que la SGAE es una entidad en la que sólo el 10% de sus miembros pueden votar, y que no audita sus cuentas públicamente, por lo que tiene unos enormes agujeros contables que han sido investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid).

SIMPLES MARIONETAS

Por otro lado, muchos autores están a favor de las medidas contra la piratería. ¿Qué posición ocupan realmente éstos en el tablero de juego del mercado cultural: son los grandes perjudicados por la digitalización de los contenidos o simplemente el cebo que utiliza la industrial para proteger su monopolio?

Son unas marionetas. En privado muchos de ellos expresan sus dudas. En público bailan al son que les marca la SGAE y sus discográficas (recordemos que la SGAE es como un sindicato vertical franquista: representando tanto al trabajador como al patrón). Los autores (o los artistas) no se atreven a ser críticos con toda esta campaña de presión y desinformación por miedo a enfrentarse a sus discográficas, ya que no se imaginan cómo triunfar sin ellos. Sin embargo el músico y periodista Nacho Escolar (miembro en aquel entonces de la banda superventas Meteosat), escribió un artículo titulado Por favor, pirateen mis canciones, donde dejaba muy claro que por lo poco que le reportaba la venta de un disco (60 euros al mes en royalties, siendo el número 4 de la lista de ventas), prefería que la gente piratease sus canciones, no pagasen por el disco, pero que fuera a sus conciertos (por los que ganaba mucho más).

¿Hasta qué punto el interés por proteger los derechos intelectuales por parte de algunos autores no se convierte en una fórmula de inversión y contradice el interés expreso por difundir su obra?

Eso es exactamente correcto. La obra creada debe ser difundida. La protección limita su difusión. Es así de fácil. Si la difusión fuese libre, el mercado sería mucho mayor, y las posibilidades creativas también. Por ejemplo, si no hubiese que hablar con un abogado, un agente, una discográfica y firmar un contrato, quizá sería común y fácil encargar canciones a medida (por ejemplo para felicitar un aniversario), cuentos personalizados, etc.

Es posible observar que el libre intercambio de información a través de la red busca sustentarse en una postura filosófica sobre el derecho al conocimiento y el libre acceso a las ideas y a la cultura ¿Cómo fundamentaría usted esa concepción?

Es tan claro como la pregunta lo expone: en una era donde el acceder a la información y a la cultura es más fácil tecnológicamente que nunca en la historia, tenemos los niveles de restricción de acceso mayores de la historia. No tiene sentido que hoy haya una protección de más de 100 años efectivos para la mayoría de obras, cuando hace 2 siglos era de 14 años... y antes de eso ni siquiera había protección y no por ello se dejaba de crear.