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De familia, Estado
y religión |
Por
Paloma Martínez *
Que religión y Estado han compartido desde sus orígenes los mismos intereses de dominio y control sobre el individuo, aunándose en un esfuerzo común incluso allí donde los principios aducidos al efecto resultan en apariencia diversos o incluso contradictorios, es un hecho hoy día sobradamente estudiado y analizado. Uno de los testimonios más evidentes de esa connivencia, que localiza en el espacio de la familia un recurso imprescindible dentro del proceso de domesticación de los sujetos, se encuentra en los múltiples alegatos en favor de la salvaguarda de la idea tradicional de la misma que diversas iglesias vienen efectuando en los últimos tiempos ante su creciente desvalorización en las sociedades postindustriales. Hace pocos años, el Vaticano, a través del Pontificio Consejo para la Familia, emitió un documento donde declaraba su disconformidad con la equiparación del matrimonio a las uniones de hecho recién institucionalizadas(1). Pero lo que de entrada semejaría una declaración de discordia entre la iglesia católica y el Estado se revela, debidamente leída, una confirmación de la comunidad de sus causas. Apelando, más allá de la fe cristiana, a la pura racionalidad, allí la iglesia se permite recordar al Estado el carácter jurídicamente contractual del matrimonio como institución fundadora de la familia, que, convirtiendo a los cónyuges en sujetos tanto de derechos como de deberes, garantiza el horizonte más adecuado no sólo a la procreación, sino también a la educación de los hijos como "lugar primario de transmisión y cultivo del tejido social, así como núcleo esencial de su configuración". Frente a la probable volubilidad e inseguridad de las uniones de hecho, que son cuestión meramente fáctica y carentes de contrato capaz de instituir responsabilidades, sólo el matrimonio obligaría, dada su naturaleza pública y formal, a la asunción de compromisos "relevantes para la sociedad y exigibles en el ámbito jurídico". Es por ello por lo que la iglesia califica de "peligro social" –y no de peligro para la fe cristiana o la salvación de las almas– la nivelación de estos dos posibles vínculos. Si bien la promoción institucional de las "uniones de hecho" responde a un necesario mecanismo de adaptación del Estado a los nuevos tiempos que corren, se ha de reconocer que semejante reivindicación de la iglesia acierta de pleno en lo que, paradójicamente, constituye uno de los pilares para la perpetuación de aquél, a saber, la familia como esencial vehículo de mediación entre toda forma de organización política y el individuo(2). De esta manera, la voluntad de estabilización y mantenimiento de los roles tradicionales que integran la unidad familiar no supondría, en el fondo, más que un medio para la preservación de la propia estabilidad social que, reclamada en este caso por la iglesia, requiere igualmente el Estado. Y ello porque, como veremos de inmediato, la familia cumple una doble función indispensable para el ejercicio del poder. Cabe destacar en primer lugar la función económica de la familia como ámbito de producción y transmisión de bienes. La idea misma de la propiedad privada deviene impracticable sin ella en cuanto unidad delimitada y plenamente definida, pues la conservación e incremento del patrimonio a través de la herencia exige, teniendo en cuenta el carácter patriarcal de toda sociedad conocida hasta la fecha, la no siempre obvia identificación por parte del varón de la propia descendencia y, por tanto, la restricción –principalmente en la mujer– de las relaciones sexuales al matrimonio. Es entonces esa valencia claramente económica de la familia la que permitiría explicar que en la antigua Roma tales restricciones rigieran para las familias pudientes mientras se aceptaba la promiscuidad de los esclavos, privados de toda posesión(3). Pero la familia como tal unidad estructurada es, además, el núcleo básico de producción de bienes "humanos", esto es, de individuos dispuestos a mantener con su trabajo el sistema económico en el que han sido engendrados. No basta para la supervivencia del Estado con la mera procreación indiscriminada y desregularizada de vástagos sin padre conocido, cuyo nacimiento fuera de los límites de la familia debe tratar de reducirse a lo puramente anecdótico en el orden social. Antes bien, lo que éste necesita son sujetos constituidos, súbditos del Estado, prestos, si las circunstancias así lo requieren, incluso a dar su vida por él. Y semejante proceso de constitución tiene su lugar natural de acaecimiento en la matriz familiar. El carácter económico de la familia se liga así intrínsecamente a lo que podríamos denominar un valor "político", cuyo descubrimiento corrió en sus inicios a cargo del psicoanálisis. Es sabido que Freud sitúa en los primeros años de vida la aparición del llamado "complejo de Edipo", cuya insustituible función configuradora del sujeto lo determina hasta el punto de suponer, en el fracaso de su resolución, la raíz de la neurosis adulta. En el caso del niño varón –al cual nos atendremos por su mayor simplicidad–, su enamoramiento desmedido de la madre se acompaña de la percepción del padre como un molesto rival al cual desearía reemplazar, si no incluso eliminar. Tal hostilidad hacia la figura paterna debe, sin embargo, enfrentarse al miedo al castigo, a saber, la castración, que su develamiento conllevaría. La resolución del conflicto pasará por el reconocimiento de la superioridad del padre, cuyo amor y protección el niño tampoco quiere perder, pero también por la introyección de la prohibición que éste representa en cuanto a la satisfacción de su deseo hacia la madre. El padre se ha convertido así en la encarnación de la autoridad, de la ley, y la madre, como su posesión legítima, personificará la sumisión u obediencia a esa ley. Obediencia que, por otra parte, habrá quedado a su vez interiorizada por el niño cuando los instintos agresivos desplegados hacia el padre se vuelvan contra él mismo y se incorporen a su propio yo a través del surgimiento del super-yo: en él residirá su recién nacida conciencia moral, fruto de la internalización de la autoridad paterna y manifiesta con la aparición del sentimiento de culpa(4). Al menos de manera incipiente, el niño ha pasado a ser en ese momento un sujeto ya constituido, en tanto lleva dentro de sí, de manera alienable, el principio del respeto y asunción de la autoridad; ahora es el sumiso portador de una instancia que lo vigila constantemente y le fuerza a sentirse culpable, a la espera de la sanción correspondiente, incluso ante la mera intención de oponerse a ella. En el seno de la familia el niño habrá aprendido, a través del reconocimiento de la autoridad paterna, el de toda otra forma de autoridad, cuya desobediencia habrá de pagar con el castigo y la pérdida de su protección. Pero ese castigo ya se ha impuesto en cierto modo y ha sido tácitamente aceptado por el individuo bajo la forma de la primera renuncia al cumplimiento de sus instintos amorosos hacia el progenitor del sexo contrario, quedando así preparado para las numerosas abdicaciones de sus deseos –pensemos, por ejemplo, en la condena al trabajo y la ardua disciplina que precisa– que más tarde le serán demandadas. No es de extrañar entonces que la preservación de la familia en su versión tradicional, que incluiría la del carácter simbólico inherente a las figuras paterna y materna, defina la condición misma de posibilidad de la existencia de toda forma de poder, inviable sin individuos susceptibles de plegarse a él. Sin duda a ella ha contribuido esencialmente la idea de un Dios-Padre "que todo lo ve", no sólo para el psicoanálisis producto de la proyección al exterior de ese super-yo siempre vigilante y tan capaz de protección como de punición, pura extensión analógica de la autoridad paterna. Sólo así se entiende que, en su "Carta sobre la tolerancia", John Locke abogara en el siglo XVII por la permisividad dentro de un mismo Estado de cualquier creencia religiosa con la exclusión única del ateo, pues el individuo carente del "temor de Dios" representaría el germen de disolución del orden social. Y precisamente en el miedo a tal disolución y a los insondables peligros de una vuelta al estado de naturaleza, que presuntamente superarían todo riesgo de injusticia social y abuso de poder, se hallaría, como ya señalara Engels, la más poderosa fuente de legitimidad del Estado(5). En este sentido, cabe comprender la coincidencia de las tendencias anarquistas en la abolición de la familia como premisa básica para la supresión de las relaciones de poder. Pero tampoco debemos olvidar que las recreaciones extremas de la imagen del Estado totalitario, fabuladas por novelistas como George Orwell, han postulado igualmente el debilitamiento de la familia en favor de una sumisión absoluta a la figura del líder ajena a todo tipo de mediación paterna. Tal vez desde la sospecha de que los mecanismos constituyentes de la familia pueden en ocasiones acabar, paradójicamente, jugando en contra del poder. O quizás desde la conciencia de la complejidad que entraña toda relación humana habitada por sentimientos tan contradictorios como los generados en ella. El problema sigue, por tanto, abierto a la reflexión, y todavía más ahora, cuando las constantes transformaciones sociales no dejan de impulsar otros modelos de familia.
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