En la actualidad, se tiende a confundir la argumentación con la mera opinión, el mensaje con el medio: cuenta tanto la producción de la violencia como su representación. Los debates recientes sobre la penalización del cachete o del bofetón en la escuela —que dicen mucho sobre la judicialización de la vida pública y muy poco sobre las semillas de la violencia— desvían la atención, distraen, de la centralidad del problema. Porque si es cierto que se educa en la violencia, también puede educarse —y ejemplos existen en la historia— en la no-violencia.
La información de niños y jóvenes que graban en sus móviles agresiones ejercidas hacia colegas del colegio o del instituto, puede entenderse —pero jamás justificarse— por la lógica de un currículum mediático. Una oferta machacona, contundente y cotidiano (a la que niños y niñas resultan tan permeables como vulnerables) que muestra de forma impúdica un comportamiento egotista, gregario, irritado y virulento de cierta clase política. Una programación de máxima audiencia asentada en formatos que suplen la explicación por la agresión verbal, y que venden modos de regresión social como modelos de éxito social.
¿Acaso estas formas de violencia diaria constituyen impugnaciones sistemáticas a las pretensiones de ser un poco mejores: más humanos por más sociales? ¿Acaso estas prácticas de agresividad simbólica representan violaciones de nuestras oportunidades vitales —derechos y no privilegios— para imaginar-nos y procurar-nos una vida compartida y repartida mejor para todos? Sin duda, resulta más fácil y más funcional una acusación indirecta a los sujetos (violentos) escolares. Una imputación que en el fondo oculta un asedio sistemático a lo común, una sospecha extendida sobre una de las instituciones centrales —junto con la sanidad, por ejemplo— del Estado de bienestar.
