Teína

Según los índices, Neuquén es la provincia patagónica más rica: su PBI regional creció un 40 por ciento entre 1993 y 2004. Sin embargo, esa cifra oculta otras menos ilusionantes: alrededor de 26 mil familias esperan para tener un vivienda propia en la capital y un 25 por ciento de la población vive en condiciones muy precarias en asentamientos ilegales —tomas—, que además son zonas inundables. Bajo el esplendor que trajo el petróleo para algunos, corren ríos de miseria y marginalidad cada vez más caudalosos para otros.

Neuquén es la provincia patagónica con el mayor Producto Bruto Interior regional. Situada en el sur de la Argentina, se caracteriza por ser fronteriza, pujante y petrolera. Su capital —de nombre homónimo— es desordenada como cualquier otra capital de provincia patagónica que creció de a poco, con trabajadores que llegaron de todas partes a probar suerte, con capitales extranjeros que querían hacer dinero con el crudo y que se quedaron años. Entre las décadas del 70 y mediados de los 90, en pleno auge del petróleo, las cifras muestran que a Neuquén ingresaban 10 familias tipo por día. Entre ellos, muchos ciudadanos chilenos que cruzaban la cordillera en busca de lo que no tenían en su tierra: trabajo y futuro. Ubicada a más de 14 horas en bus de Buenos Aires —esa metrópoli de cemento donde, dicen en el interior del país, «Dios tiene sus oficinas y atiende las necesidades»—, la ciudad de Neuquén la habitan hoy alrededor de 250 mil personas. La población total del territorio provincial se estima en 530 mil. Por tanto, vive casi tanta gente en la capital como fuera de ella.

El nombre de la ciudad y de la provincia explica mucho de su naturaleza: en lengua mapuche, Neuquén quiere decir atrevido, audaz, impetuoso. La capital está situada entre dos ríos, el Limay y el que le entrega su nombre, Neuquén, y tiene 103 años de vida. Es una urbe con un parque inmobiliario que atestigua la bonanza económica que algunos de sus habitantes supieron cosechar con el tiempo: edificios, paseos de compras, hipermercados de cadenas extranjeras, barrios cerrados, locales comerciales. A esto hay que sumar la infraestructura urbana, los monumentos, la terminal de colectivos, el aeropuerto y las oficinas del Estado.

En comparación con otras provincias de la región patagónica, el crecimiento económico acá sobresale. Según datos oficiales, la participación relativa del PBI neuquino —de la cual la mitad llega de la mano de la exploración y explotación de hidrocarburos—, creció alrededor del 40 por ciento desde 1993 al 2004. La cifra supera los 11 mil millones de pesos y duplica el de otras jurisdicciones, como la vecina Río Negro. Es decir: Neuquén es una provincia muy rica.

Pero así como se multiplicaron las inversiones y crecieron las regalías petroleras, la brecha social entre la clase alta y la clase baja aumentó aceleradamente. Una situación a tono con el resto de la Argentina y con lo que ocurre en el resto del mundo. En Neuquén, concretamente, la pobreza se consolidó como un flagelo que golpea fuerte en la región.

A eso se suma el importante déficit habitacional que acusa la provincia, que agrava el problema de la desigualdad y que afecta a una parte significativa de los neuquinos. No se necesita investigar mucho para descubrir esta realidad, que cuenta con el reconocimiento explícito de los gobiernos provincial y municipal: sólo en la capital hay 26 mil familias que esperan una vivienda propia. Una situación que desde la década del 90 a esta parte obligó a un 10 por ciento de la población a asentarse ilegalmente (acción que se llamó tomas) sobre terrenos fiscales, en viviendas precarias, de cartón, nylon y chapa. Y sin servicios de cloacas, agua y electricidad. Muchos de estos se encuentran en zonas pluvioaluvionales o en los márgenes de los ríos.

Según reveló la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén, mientras en 1998 se construyeron 1.500 viviendas, durante 2002 se crearon menos de 400 módulos habitacionales. El fenómeno no es exclusivo de Neuquén; se da en otras provincias del país. En esta parte, dio lugar a una manifestación urbana particular que refleja los contrastes de la realidad socioeconómica: los tomeros. Familias enteras sin techo que se vieron obligadas a vivir en ranchos y casillas ubicadas en los márgenes, en la periferia o en zonas más céntricas. Masas de gente que configuran islas de pobreza, y que evidencian fragmentos de una ciudad rompecabezas que no encajan.

Actualmente, los tomeros ocupan más de 40 asentamientos ilegales que se reparten por la ciudad en lo que la arquitecta local Beatriz Cuenya llama «zonas urbanas desfavorecidas». En otras palabras: espacios de gente que «está en la ciudad, pero excluida».

Si cada una de las personas que integra la lista de espera para una vivienda en Neuquén representa a una familia tipo de cuatro integrantes, se deduce que más del 25 por ciento de la población de la provincia está en una situación habitacional deficitaria. De hecho, ya el último censo de 2001 alertaba que más del 16 por ciento de los habitantes de la provincia vive en condiciones residenciales precarias. Esto es: casas con piso de tierra o arenado, en ranchos, casillas o locales no habilitados para construcción. Todos sin provisión de agua potable.

La envergadura del fenómeno urbano de los tomeros —en el cual subyacen características bien definidas de un modelo socioeconómico— ha ocupado la atención de la prensa, políticos de todos los colores y muchos académicos. Entre otros, ha motivado hace dos años un estudio exhaustivo de la fundación Felipe Sapag (que lleva el nombre de un ex gobernador de la provincia), que se subtituló Cuando el crecimiento no es desarrollo. La investigación concluye de modo determinante: cuando el Estado no responde a las necesidades de las personas, éstas se organizan, averiguan y toman las tierras que son fiscales. Y a partir de allí empiezan una lucha por conseguir los servicios esenciales para vivir.

Así, los tomeros acuden a la cooperativa que presta los servicios de luz (conocida como Calf) y gestionan un tendido provisorio de luz. Cuando no, se conectan de forma clandestina para obtener el servicio básico. Luego se dirigen al Ente Provincial de Agua y Saneamiento (Epas). Antes de que ellos mismos lo adviertan, apurados por las necesidades esenciales como están, ya han forjado un barrio. Hay casos, incluso, en los que la presión social y la necesidad de las personas de ser atendidas como parte de la comunidad lograron que los asentamientos fueran incluidos dentro del tejido municipal.

En este sentido, el estudio de la Fundación Sapag explica que «la apropiación ilegal de terrenos es un problema de la década». Y si bien existe preocupación por las implicancias sociales que puede acarrear una marginación semejante, el informe descarta que se dé un estallido social como el que sucedió en Francia. Aquí (al sur del sur del planeta) las tomas funcionan, según los autores, «como un sistema político y económico estable», alentado por el poder político «para forzar la lealtad de quienes quedaron cautivos del mismo». Por eso en épocas electorales es común ver a los candidatos que denuncian las tomas ilegales entregar a los residentes en estas zonas materiales, chapas, colchones y otros elementos.

El informe también describe un perfil de los habitantes de estos barrios improvisados, que mucho dice de la realidad socioeconómica que alienta esta marginalidad. En general, se trata de familias jóvenes, matrimonios informales, con no más de cuatro hijos. Uno de cada cinco adultos no ha finalizado los estudios de la escuela primaria y sólo el 5 por ciento tiene los estudios secundarios completos. Además, el 90 por ciento de las familias recibe alguna caja alimentaria del gobierno provincial y más de la mitad de los jefes y jefas de hogar son beneficiarios de un subsidio del Estado (ayudas mínimas). También que existe «una importante población canina que se emplea con fines de seguridad de las viviendas y de la gente». Aunque esta no es la única utilidad que le dan a los perros; frente al intempestivo frío patagónico, los residentes en estas precarias moradas también los usan para calentarse.

El contraste resulta innegable: frente al boom inmobiliario, la bonanza económica que se desprende de las regalías del petróleo y el atractivo que genera la ciudad para los mega emprendimientos comerciales (nacionales y foráneos), la exclusión de gran parte de la sociedad que encarna en los asentamientos ilegales que bordean la ciudad y en miles de anécdotas inhumanas. Historias de carne y hueso que luchan por subsistir y que, en esa contienda diaria, terminan por conformar emplazamientos plagados de carencias. Allí, los «parias urbanos» de los que hablaba el sociólogo Loïc Wacquant se atrincheran en la miseria; en guetos que, para colmo, se han ganado la estigmatización del resto de la comunidad. Otro síntoma de fragmentación.




ISLAS DE POBREZA Y CRECIMIENTO DESIGUAL EN LA PATAGONIA ARGENTINA Los tomeros de Neuquén: parias urbanos en una provincia petrolera Según los índices, Neuquén es la provincia patagónica más rica: su PBI regional creció un 40 por ciento entre 1993 y 2004. Sin embargo, esa cifra oculta otras menos ilusionantes: alrededor de 26 mil familias esperan para tener un vivienda propia en la capital y un 25 por ciento de la población vive en condiciones muy precarias en asentamientos ilegales —tomas—, que además son zonas inundables. Bajo el esplendor que trajo el petróleo para algunos, corren ríos de miseria y marginalidad cada vez más caudalosos para otros. Florencia Lazzaletta flolazzaletta@yahoo.com.ar Neuquén es la provincia patagónica con el mayor Producto Bruto Interior regional. Situada en el sur de la Argentina, se caracteriza por ser fronteriza, pujante y petrolera. Su capital —de nombre homónimo— es desordenada como cualquier otra capital de provincia patagónica que creció de a poco, con trabajadores que llegaron de todas partes a probar suerte, con capitales extranjeros que querían hacer dinero con el crudo y que se quedaron años. Entre las décadas del 70 y mediados de los 90, en pleno auge del petróleo, las cifras muestran que a Neuquén ingresaban 10 familias tipo por día. Entre ellos, muchos ciudadanos chilenos que cruzaban la cordillera en busca de lo que no tenían en su tierra: trabajo y futuro. Ubicada a más de 14 horas en bus de Buenos Aires —esa metrópoli de cemento donde, dicen en el interior del país, «Dios tiene sus oficinas y atiende las necesidades»—, la ciudad de Neuquén la habitan hoy alrededor de 250 mil personas. La población total del territorio provincial se estima en 530 mil. Por tanto, vive casi tanta gente en la capital como fuera de ella. El nombre de la ciudad y de la provincia explica mucho de su naturaleza: en lengua mapuche, Neuquén quiere decir atrevido, audaz, impetuoso. La capital está situada entre dos ríos, el Limay y el que le entrega su nombre, Neuquén, y tiene 103 años de vida. Es una urbe con un parque inmobiliario que atestigua la bonanza económica que algunos de sus habitantes supieron cosechar con el tiempo: edificios, paseos de compras, hipermercados de cadenas extranjeras, barrios cerrados, locales comerciales. A esto hay que sumar la infraestructura urbana, los monumentos, la terminal de colectivos, el aeropuerto y las oficinas del Estado. En comparación con otras provincias de la región patagónica, el crecimiento económico acá sobresale. Según datos oficiales, la participación relativa del PBI neuquino —de la cual la mitad llega de la mano de la exploración y explotación de hidrocarburos—, creció alrededor del 40 por ciento desde 1993 al 2004. La cifra supera los 11 mil millones de pesos y duplica el de otras jurisdicciones, como la vecina Río Negro. Es decir: Neuquén es una provincia muy rica. URBANISMO NEUQUINO: 40 ASENTAMIENTOS DE EXCLUIDOS Pero así como se multiplicaron las inversiones y crecieron las regalías petroleras, la brecha social entre la clase alta y la clase baja aumentó aceleradamente. Una situación a tono con el resto de la Argentina y con lo que ocurre en el resto del mundo. En Neuquén, concretamente, la pobreza se consolidó como un flagelo que golpea fuerte en la región. A eso se suma el importante déficit habitacional que acusa la provincia, que agrava el problema de la desigualdad y que afecta a una parte significativa de los neuquinos. No se necesita investigar mucho para descubrir esta realidad, que cuenta con el reconocimiento explícito de los gobiernos provincial y municipal: sólo en la capital hay 26 mil familias que esperan una vivienda propia. Una situación que desde la década del 90 a esta parte obligó a un 10 por ciento de la población a asentarse ilegalmente (acción que se llamó tomas) sobre terrenos fiscales, en viviendas precarias, de cartón, nylon y chapa. Y sin servicios de cloacas, agua y electricidad. Muchos de estos se encuentran en zonas pluvioaluvionales o en los márgenes de los ríos. Según reveló la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén, mientras en 1998 se construyeron 1.500 viviendas, durante 2002 se crearon menos de 400 módulos habitacionales. El fenómeno no es exclusivo de Neuquén; se da en otras provincias del país. En esta parte, dio lugar a una manifestación urbana particular que refleja los contrastes de la realidad socioeconómica: los tomeros. Familias enteras sin techo que se vieron obligadas a vivir en ranchos y casillas ubicadas en los márgenes, en la periferia o en zonas más céntricas. Masas de gente que configuran islas de pobreza, y que evidencian fragmentos de una ciudad rompecabezas que no encajan. Actualmente, los tomeros ocupan más de 40 asentamientos ilegales que se reparten por la ciudad en lo que la arquitecta local Beatriz Cuenya llama «zonas urbanas desfavorecidas». En otras palabras: espacios de gente que «está en la ciudad, pero excluida». EL 25 POR CIENTO DE LOS NEUQUINOS VIVE CASI EN LA CALLE Si cada una de las personas que integra la lista de espera para una vivienda en Neuquén representa a una familia tipo de cuatro integrantes, se deduce que más del 25 por ciento de la población de la provincia está en una situación habitacional deficitaria. De hecho, ya el último censo de 2001 alertaba que más del 16 por ciento de los habitantes de la provincia vive en condiciones residenciales precarias. Esto es: casas con piso de tierra o arenado, en ranchos, casillas o locales no habilitados para construcción. Todos sin provisión de agua potable. La envergadura del fenómeno urbano de los tomeros —en el cual subyacen características bien definidas de un modelo socioeconómico— ha ocupado la atención de la prensa, políticos de todos los colores y muchos académicos. Entre otros, ha motivado hace dos años un estudio exhaustivo de la fundación Felipe Sapag (que lleva el nombre de un ex gobernador de la provincia), que se subtituló Cuando el crecimiento no es desarrollo. La investigación concluye de modo determinante: cuando el Estado no responde a las necesidades de las personas, éstas se organizan, averiguan y toman las tierras que son fiscales. Y a partir de allí empiezan una lucha por conseguir los servicios esenciales para vivir. Así, los tomeros acuden a la cooperativa que presta los servicios de luz (conocida como Calf) y gestionan un tendido provisorio de luz. Cuando no, se conectan de forma clandestina para obtener el servicio básico. Luego se dirigen al Ente Provincial de Agua y Saneamiento (Epas). Antes de que ellos mismos lo adviertan, apurados por las necesidades esenciales como están, ya han forjado un barrio. Hay casos, incluso, en los que la presión social y la necesidad de las personas de ser atendidas como parte de la comunidad lograron que los asentamientos fueran incluidos dentro del tejido municipal. En este sentido, el estudio de la Fundación Sapag explica que «la apropiación ilegal de terrenos es un problema de la década». Y si bien existe preocupación por las implicancias sociales que puede acarrear una marginación semejante, el informe descarta que se dé un estallido social como el que sucedió en Francia. Aquí (al sur del sur del planeta) las tomas funcionan, según los autores, «como un sistema político y económico estable», alentado por el poder político «para forzar la lealtad de quienes quedaron cautivos del mismo». Por eso en épocas electorales es común ver a los candidatos que denuncian las tomas ilegales entregar a los residentes en estas zonas materiales, chapas, colchones y otros elementos. LOS TOMEROS: PARIAS URBANOS El informe también describe un perfil de los habitantes de estos barrios improvisados, que mucho dice de la realidad socioeconómica que alienta esta marginalidad. En general, se trata de familias jóvenes, matrimonios informales, con no más de cuatro hijos. Uno de cada cinco adultos no ha finalizado los estudios de la escuela primaria y sólo el 5 por ciento tiene los estudios secundarios completos. Además, el 90 por ciento de las familias recibe alguna caja alimentaria del gobierno provincial y más de la mitad de los jefes y jefas de hogar son beneficiarios de un subsidio del Estado (ayudas mínimas). También que existe «una importante población canina que se emplea con fines de seguridad de las viviendas y de la gente». Aunque esta no es la única utilidad que le dan a los perros; frente al intempestivo frío patagónico, los residentes en estas precarias moradas también los usan para calentarse. El contraste resulta innegable: frente al boom inmobiliario, la bonanza económica que se desprende de las regalías del petróleo y el atractivo que genera la ciudad para los mega emprendimientos comerciales (nacionales y foráneos), la exclusión de gran parte de la sociedad que encarna en los asentamientos ilegales que bordean la ciudad y en miles de anécdotas inhumanas. Historias de carne y hueso que luchan por subsistir y que, en esa contienda diaria, terminan por conformar emplazamientos plagados de carencias. Allí, los «parias urbanos» de los que hablaba el sociólogo Loïc Wacquant se atrincheran en la miseria; en guetos que, para colmo, se han ganado la estigmatización del resto de la comunidad. Otro síntoma de fragmentación.