El voluntariado beneficia a la sociedad en general al contribuir a mejorar situaciones de colectivos en situaciones vulnerables (personas sin techo, personas discapacitadas, inmigrantes y mujeres, entre otros). El porqué de la acción voluntaria, las motivaciones de las personas que la ejercen y, sobre todo, el altruismo (1) —término acuñado por Auguste Comte en el siglo XVIII— conforman los elementos que marcaron, hasta ahora, el atractivo de los estudios en la materia. Pero la realidad de esta actividad excede la acción social, la inercia de personas que trabajan por y para otros. También se ubica en el contexto de las ONG o de la economía del sector no lucrativo, diferenciado de los otros dos grandes ámbitos: Estado y mercado. En este contexto, la aportación de las personas voluntarias (aportación de trabajo gratuita) y de las ONG (entidades proveedoras de servicios gratuitos sobre todo en el ámbito social) a la sociedad en general adquiere dimensiones económicas de gran envergadura. Tanto, que este aspecto empieza a ser clave en los estudios.

Y lógicamente, unido a ambas dimensiones emergentes, social y económica, surge un importante debate sobre el papel o el significado político de la acción voluntaria. La discusión integra diversos temas y en ella confluyen multitud de opiniones a favor y en contra del voluntariado y de las ONG. Entre las posturas más comunes destacan la presunta bondad o interés egoísta de las personas voluntarias, o los intereses de actores, tanto públicos como privados, por gestionar la acción voluntaria con fines políticos.

La legislación del voluntariado en España, aprobada por vez primera en los años 80, en normativas autonómicas y estatales, representa uno de los puntos discutidos. La primera ley (para la Integración Social de los Minusválidos, 1982), nació con el fin de promover el voluntariado social. Según el texto, el Estado se comprometía a fomentar la «colaboración» entre éste y «la atención de los disminuidos» por medio de la constitución de instituciones sin fin de lucro en las que hubiera personas que colaboraran desinteresadamente con el personal asalariado en la atención domiciliaria. Pero ha sido realmente en la última década cuando apareció normativa orientada a promocionar esta actividad (2). Los expertos analizaron a la sazón su idoneidad e inquirieron si la realidad legal se adecuaba a la social: ¿participan las personas voluntarias de las decisiones políticas sobre las ONG y la acción voluntaria?; ¿las conocen?; ¿les importan?

 

INTRUMENTO ESTATAL O DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Las interpretaciones sobre el papel del voluntariado en los asuntos públicos pueden resumirse, de forma muy general, en torno a dos corrientes principales. La primera, doctrinal, defiende que las personas voluntarias prestan fundamentalmente servicios al Estado, principal responsable del bienestar social y de tomar las decisiones que afectan a las políticas públicas. Según esta visión, el voluntariado es una actividad social asistencial y un instrumento estatal para ejercer sus intereses. La segunda corriente de pensamiento defiende, en cambio, que el voluntariado realiza una labor de complementación, asistencia, o sustitución de las tareas del Estado, pero que no es un instrumento de éste para la consecución de sus fines. Entienden que este tipo de organizaciones encarnan un fenómeno que pretende aliviar situaciones de desigualdad social mediante la sensibilización o la reivindicación social. El voluntariado configura, desde esta perspectiva, una realidad más cercana a los movimientos sociales, porque participa, o al menos influye, en el ámbito público y en el político.

¿Cómo definir entonces el voluntariado actual? ¿Se trata de una actividad altruista a favor de colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión? ¿Responde a intereses propios de las personas voluntarias, tales como la búsqueda de prestigio social, el interés por el aprendizaje profesional, la creación de redes sociales o la mera búsqueda de compañía? ¿Resulta de la gestión política de los que nos gobiernan? ¿O conforma una manifestación política al margen de las clásicas estructuras de expresión de la ciudadanía?

El voluntariado responde a múltiples y diversos intereses: personales, es decir, de cada voluntario, y colectivos; en definitiva, a una necesidad de participación espontánea o de asociacionismo proveniente de la sociedad civil. Aunque también responde a los objetivos inherentes a las organizaciones que lo alojan, como la consecución de determinados resultados en el ámbito social, la mejora de los servicios a los usuarios o la profesionalización. Y por último, a una llamada a la acción social por parte de la administración, que ofrece incentivos, como es el caso de la oferta de créditos a estudiantes universitarios por la realización de prácticas en las ONG.

El campo de las organizaciones donde actúa el voluntariado se caracteriza por la heterogeneidad respecto al sector, ámbito geográfico, tamaño, ideología, objetivos, entre otros. Son entidades autónomas y heterónomas, es decir, dependen más o menos del Estado, el mercado u otras organizaciones no lucrativas. Cuentan con dos públicos muy distintos, donantes y beneficiarios, y con recursos humanos que incluyen tanto a voluntarios como a asalariados. Disponen de diversas fuentes de financiación, tanto públicas como privadas, que en muchas ocasiones condicionan su actuación. Aquí se incluyen las aportaciones que provienen del trabajo de los propios voluntarios. Por último, defienden valores como el respeto a la dignidad de las personas, la transparencia o la participación democrática, las cuales importan en mayor o menor grado según la filosofía de la entidad en cuestión.

 

SACRIFICIO DESINTERESADO

A pesar de estas características, resulta complicado afirmar que se trate de una nueva manifestación política al margen de las clásicas estructuras de expresión ciudadanas. De hecho, ya existe una corriente doctrinal que defiende que el concepto voluntariado, además de asemejarse, comienza  a sustituir al de movimiento social de los años 70 y 80. En cualquier caso, si bien el voluntariado mantiene similitudes con los movimientos sociales, existen diferencias básicas entre las ONG y estos últimos. Según Rodríguez Cabrero y Codorniu, el concepto de movimiento social incluye a un conjunto de personas, redes y organizaciones implicadas en el cambio social y sus miembros distinguen por actuar «generalmente contra los aparatos y formas jurídicas» (3). En cambio, las asociaciones se caracterizan por «ocupar un lugar complementario y no disruptivo del aparato institucional» y también porque sus fines suelen ser distintos.

La diferencia entre estos dos términos interesa porque ayuda a entender mejor el significado político de la acción voluntaria. El concepto de movimiento social permite distinguir a las organizaciones que actúan en contra de las instituciones del Estado de aquellas que no; entre las que cuestionan o no la acción estatal a partir de sus objetivos.

Ahora bien, dependan de organizaciones más o menos asistenciales, reivindicativas o transformadoras del orden social, ¿no cumplen las personas voluntarias una importante labor social, al margen de las estructuras y de los gobiernos que les representan? En el debate sobre el voluntariado impera la crítica con el contexto que envuelve la acción voluntaria. Pero no debe desatenderse su filosofía de base, que Comte acuñó como altruismo y el sociólogo Pitirim A. Sorokin investigó, más tarde, como «la acción que produce y mantiene el bienestar físico o psicológico de otras personas», y que «incluye amor y empatía, y su máxima expresión se manifiesta como un sacrificio desinteresado de una persona hacia otra» (4).

 

 

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