Como si se tratara de un destino ineludible, de una situación que inevitablemente espera a la humanidad en un futuro cada vez más cercano, hay quienes insisten en señalar que el planeta se dirige en camino recto a una debacle ecológica que lo llevará a la autodestrucción. 

Que la mano del hombre se halla omnipresente en casi todo rincón del mundo y que su intervención sobre la naturaleza ha provocado casi siempre daños enormes, muchas veces irreparables, resulta evidente. Así, muchos sostienen que la creciente escasez de recursos naturales impulsada por el crecimiento demográfico, el consumo desenfrenado y la propia naturaleza de las sociedades modernas, en general —con sus características sociales, económicas, urbanas e industriales—, desencadenará el desastre.

Con esta situación como telón de fondo, hace unas décadas han empezado a escucharse voces que aseguran que en el siglo XXI se librarán guerras por el agua. Al ser éste un bien escaso y esencial para la vida, no resulta demasiado difícil imaginarse situaciones donde un país invade a otro para apoderarse de sus fuentes de agua dulce. «Si hay guerras por el petróleo, con más razón habrá por el agua», comentan.

CONSPIRACIONES Y REALIDADES

Las teorías conspirativas, siempre de gran atractivo para las mentes «bienpensantes», están a la orden del día. Las hay de toda clase. Multitud de libros y documentales, políticos, ensayistas e intelectuales, como también activistas del ecologismo, aseguran que estas «guerras del agua» se desarrollarán más pronto que tarde; y hasta hay quienes aseguran que ya se han dado los primeros pasos en este sentido. Sin embargo, hay expertos que optan por bajarle el tono a estas profecías y argumentan que no existen motivos para tales conflictos bélicos. Es el caso, por ejemplo, de Rami Messalem, científico del Centro del Agua de la Universidad Ben Gurion de Israel, para quien los avances tecnológicos que se han alcanzado hacen «injustificables» las guerras del agua. (1)

Tras décadas de investigación aplicada, Messalem se muestra pragmático y seguro en sus declaraciones: «El agua es un bien como la electricidad, no es ya un recurso limitado. Quizá el agua natural sí, pero al igual que si necesitas más energía construyes una nueva estación eléctrica, si necesitas más agua puedes producirla».

Messalem es un gran defensor de la reutilización de las aguas. «Con la reutilización resolvemos un problema ecológico antes que nada, y la ecología es crucial para las generaciones venideras. Si desechamos el agua sin tratarla estamos contaminando los acuíferos y desaprovechando una fuente de recursos excelente», explica.

Según el experto israelí, en los últimos 20 años, además de haberse mejorado notablemente el proceso, se ha reducido de manera drástica el costo económico del tratamiento de las aguas. Por todo esto subraya, tajante, que «no tiene por qué haber guerras del agua».

En similar sintonía se pronuncia Aaron Wolf (2), geógrafo estadounidense y estudioso  de los conflictos surgidos por el agua a lo largo de la historia: «Estratégicamente, las guerras por el agua no tienen sentido. Luchando con el vecino no se incrementan las reservas de agua, a menos que uno pueda apoderarse de la cuenca hidrográfica del otro y despoblarla sin correr el riesgo de terribles represalias».

EL AGUA COMO MERCANCIA

Entonces, ¿de dónde surge la idea de que habrá enfrentamientos bélicos por el agua? Wolf recuerda que en parte del periodo posterior a la guerra fría «los ejércitos occidentales empezaron a preguntarse: ¿ahora qué hacemos? La preocupación por la “seguridad medioambiental” nació en aquella época. Hacia 1992, numerosos politólogos empezaron a sostener que la escasez de recursos iba a conducir a una guerra. Y, claro, cuando se es consciente de la importancia de los ecosistemas, es tentador considerar al agua como una fuente de conflicto».

De todas maneras, las tensiones por el agua han existido y existen. Wolf aclara que el mayor peligro no es tanto la escasez de agua sino el intento de algún país de quedarse con el control de una vía fluvial que atraviese también otros estados. Por esto mismo afirma que el agua incita a los Estados a cooperar entre sí, e incluso que los lleva a colaborar en otros aspectos:

Los acuerdos de Oslo entre israelíes y palestinos nacieron de conversaciones privadas que mantuvieron en Zurich responsables del agua de la región, en 1990. Fueron ellos quienes pusieron en contacto a sus respectivos responsables políticos e inspiraron el proceso que condujo a los acuerdos. Ese tipo de encadenamientos es frecuente, pues el agua conduce necesariamente a tratar otros aspectos. Varios Estados ribereños del Nilo empezaron por celebrar conversaciones sobre el agua y ahora están elaborando un acuerdo que abarca, entre otros temas, la red de carreteras y la infraestructura eléctrica.

Con testimonios de esta índole, la posibilidad de que se desate un enfrentamiento bélico, aparece como poco probable. Pero ello no significa que el acceso y la propiedad del agua no vayan a ser fuente de conflictos ni de lucha de intereses (Ver entrevista en este dossier a Ana Esther Ceceña). En este sentido, sí parecen estar librándose verdaderas «guerras».

Así piensa el escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien manifiesta que «las guerras del agua ya están ocurriendo. Son guerras de conquista, pero los invasores no echan bombas ni desembarcan tropas. Viajan vestidos de civil estos tecnócratas internacionales que someten a los países pobres a estado de sitio y exigen privatización o muerte. Sus armas, mortíferos instrumentos de extorsión y de castigo, no hacen bulto ni meten ruido». (3) 

Lo que está fuera de duda es que el del agua es un negocio multimillonario en el que cada vez hay más intereses en juego.

Justamente en la privatización del agua, en su transformación en mercancía, en el acceso a ésta únicamente mediante el pago de tarifas y en su regulación por parte del mercado internacional, se encuentra el núcleo de una problemática compleja que, ésta sí, amenaza con estallar si no se producen modificaciones sustanciales.

PRIVATIZACIONES

La Biblia dice «dad de beber al sediento». El Corán también se pronuncia en forma similar. Pero nada de eso importa a la religión que de verdad rige al mundo, el neoliberalismo, que cree únicamente en el credo del libre mercado y de los beneficios económicos.

El neoliberalismo se ha desarrollado con fuerza en los últimos veinte años, especialmente en países pobres y en vías de desarrollo. Es allí donde los grandes organismos financieros mundiales, principalmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, han presionado de forma más contundente para que los gobiernos de los países involucrados aplicaran a rajatabla las medidas dispuestas por ellos.

La receta es conocida: a cambio de préstamos debían, entre otras cosas, facilitar la privatización de los servicios públicos hasta el momento en manos estatales. Y el agua, claro, no fue la excepción. Como recuerda Galeano:

el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, dos dientes de la misma pinza, impusieron, en estos últimos años, la privatización del agua en 16 países pobres. Entre ellos, algunos de los más pobres del mundo, como Benín, Níger, Mozambique, Ruanda, Yemen, Tanzania, Camerún, Honduras, Nicaragua… El argumento era irrefutable: o entregan el agua o no habrá clemencia con la deuda ni préstamos nuevos.

En la mayoría de los casos, la situación se dio de manera casi calcada. Las empresas que recibían las concesiones, en condiciones siempre netamente favorables, se comprometían a realizar grandes inversiones, a asegurar la distribución a toda la población y a mantener las tarifas en límites razonables. Promesas que luego fueron, sistemáticamente, incumplidas. Las millonarias inversiones y mejoras de los sistemas de procesamiento nunca se realizaron, las tarifas aumentaron de manera alevosa y numerosos sectores de las poblaciones se encontraron marginados de la distribución del agua. 

EL PAPEL DEL ESTADO

El uso del agua potable no puede entenderse solamente como una cuestión económica, como un negocio en manos privadas como cualquier otro; ningún Estado puede desentenderse de la obligación de asegurar el acceso universal al agua por parte de su población. Se estima que en el mundo más de mil millones de personas no tiene acceso al agua potable.

Privatizar no debe significar ceder la gestión total del agua a empresas privadas: el Estado, cualquier Estado, debe velar por sus ciudadanos y exigir unos servicios mínimos para la población menos favorecida. Puede, y de hecho debería, imponer algún tipo de cláusula que garantice un consumo mínimo para los menos pudientes; una especie de «cuota de subsistencia» que asegure el consumo diario de una determinada cantidad de litros de agua potable por persona y que la empresa privada cediera en función de alguna ventaja, o bien que el Estado pagara a la empresa la cuenta correspondiente.

Por decirlo en términos no ya humanitarios, lo cual sería una perogrullada, sino económicos, que parece ser el único lenguaje que entienden los políticos: al ser una necesidad básica, el acceso al agua potable supone un elemento de sanidad pública de primer orden y, por una cuestión simplemente pragmática, a ningún Estado le conviene tener a parte de su población moribunda, en vías de desaparecer.

UN ESPACIO PARA LA ESPERANZA

En 2000, un consorcio internacional encabezado por la empresa estadounidense Bechtel ganó la concesión del servicio de agua de Cochabamba (Bolivia) por un período de 40 años. En poco tiempo, triplicó las tarifas. El estallido del pueblo provocó la huida del consorcio y la pérdida de la concesión.

En octubre de 2004, el pueblo uruguayo dio una lección de alta política al pronunciarse, en amplia mayoría, a favor del No a la privatización del servicio del agua en el país. Y también en México existen organizaciones contrarias a la privatización sin controles. En abril de este año se realizó en la capital azteca el Primer Taller Popular en Defensa del Agua, convocado por el Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular de México (CASIFOP) y el Instituto Polaris de Canadá. Sindicalistas, investigadores, campesinos, integrantes de movimientos urbanos, representantes de pueblos indios y estudiantes de México y otros países del hemisferio americano participaron de este encuentro en el cual expusieron sus perspectivas contra la privatización del agua y contemplaron, además, posibles caminos para asegurar  la defensa del agua como un derecho humano para todos, manejado de manera sustentable, democrática y responsable.

Pese a lo poco alentador del panorama, estos ejemplos invitan a pensar que hay motivos para creer que otra realidad es posible.

 

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