Multiculturalismo, un debate falsificado

«La cuestión real no es el esclarecimiento de los conceptos de cultura o identidad, sino la dificultad de gestionar democráticamente (en términos de igualdad e inclusión política) las manifestaciones del pluralismo».

Por Javier de Lucas Martín (*)

Siempre que me piden hablar de multiculturalismo comienzo por evocar la vieja fórmula de Cohn-Bendit y Schimd: «un laberinto de equívocos». Todavía hoy, el debate acerca de multiculturalidad y multiculturalismo está lleno de prejuicios, sofismas y simplificaciones.

Por avanzar lo que pretendo decir, resumiré mi propósito en estos dos argumentos. El primero, que en la discusión estorba cada vez más lo que me parece un exceso de perspectiva académica y culturalista.  El segundo, que, asimismo a mi juicio, lo interesante en ese debate es la función que desempeña en las propuestas políticas concretas. Porque creo que la cuestión real no es el esclarecimiento de los conceptos de cultura o identidad, sino la dificultad de gestionar democráticamente (en términos de igualdad e inclusión política) las manifestaciones del pluralismo, comenzando por la tentación de utilizar la diferencia cultural para justificar discriminación jurídica y política, desigualdad en el acceso y en el ejercicio del poder y de la riqueza.

Prefiero hablar, por tanto, de multiculturalidad, de manifestaciones y de factores de multiculturalidad, que configuran a su vez diferentes sociedades multiculturales. No es cierto que la multiculturalidad sea un fenómeno nuevo, y, menos aún, que se vincule exclusivamente a los actuales flujos migratorios, Hay multiculturalidad y las sociedades son multiculturales si en un mismo espacio social (para ser exactos, en una misma comunidad política) coexisten individuos y grupos que se caracterizan a sí mismos (y son identificados por los demás) como diferentes de la mayoría en atención a determinados rasgos culturales: lengua, religión, tradiciones y prácticas sociales, nacionalidad, cultura.

Eso quiere decir que prácticamente todas las sociedades que conocemos son multiculturales. Y que según el tipo de agentes de la multiculturalidad, los aspectos visibles de ésta serán unos u otros. En algunos países se trata sobre todo de la presencia de pueblos indígenas. En otros, de minorías nacionales o culturales de diferente tipo. En otros, la presencia de individuos (y grupos) que proceden de flujos migratorios. Y puede que coincidan varios factores a un tiempo. Es el caso de España, hoy, aunque nuestro país es uno de los que más visiblemente ha sido multicultural desde su fundación como Estado moderno, si bien sería más justo decir que esa fundación se construyó sobre la base de hacer invisible la multiculturalidad.

Quiere decir, también, que no hay una receta, que no existe la teoría verdadera  sobre cómo responder al hecho multicultural. Que no vale imitar otra experiencia, aunque se pueda siempre aprender de ella. Por ejemplo, para aprender que el supuesto melting-pot  de los EEUU es una falacia que a duras penas esconde un proyecto de hegemonía cultural de uno de los grupos en liza y que quizá el mosaico canadiense es, pese a las diferencias, una solución mucho más próxima y aceptable para nuestras necesidades.

Porque la cuestión es ésta, cómo gestionamos esa realidad multicultural. Y sucede que la respuesta dominante consiste en negar, eliminar u ocultar la multiculturalidad:  genocidios, apartheid,  subordinación/discriminación, son las recetas más frecuentes en la historia. Y sucede que, pese a los prejuicios y a los tópicos negativos, gana crédito cada vez más que la forma de gestionar no puede ser ninguna de esas si queremos coherencia con los principios de democracia y respeto de los derechos humanos, que exigen inclusión política en el marco del máximo de libertad, del máximo de respeto al pluralismo, compatible con esos principios. 

Por esa razón, he planteado en muchas ocasiones que la gestión de los desafíos que plantean las sociedades multiculturales en el orden jurídico y político, si queremos ir más allá de la retórica y hacer posible la adopción de soluciones aceptables para todos, requiere a mi juicio tres condiciones: realismo, paciencia, y voluntad de negociación sin exclusiones, en el marco de los principios de legitimidad democrática.

Realismo para no dramatizar de forma superflua (como cuando se identifica la multiculturalidad como barbarie, como cáncer de la democracia), para entender a las demandas reales y no sus caricaturas (las que equiparan siempre las reivindicaciones multiculturales son exigencias incompatibles con los derechos humanos), para evitar discusiones esencialistas. Realismo para reconocer que las sociedades multiculturales plantean viejos problemas, aunque las exigencias en que éstos se concretan varían según los agentes de cada forma de manifestarse la multiculturalidad. Pues lo que plantean las demandas de reconocimiento de la multiculturalidad no es tanto elaborar el catálogo de las verdaderas identidades con derecho de presencia en nuestra sociedad, sino  algo mucho más importante y no precisamente novedoso: los problemas de acceso y  participación política, económica y cultural de los diferentes grupos sociales y en particular de aquéllos que no consiguen igual integración en la distribución del poder y de la riqueza, precisamente debido a su diferencia cultural, real o presunta. La conciencia de este trato injusto, de este déficit de reconocimiento que va más allá de la mera discriminación y que no puede ser satisfecho con el sucedáneo de la tolerancia ni con el sofisma de la neutralidad que deja intacta la desigualdad constitutiva, es lo que cuestiona la suficiencia e idoneidad de los mecanismos de la democracia liberal para hacer frente a la gestión de la sociedad multicultural.

Paciencia, que significa la necesidad de comenzar por aceptar el carácter multicultural de nuestras propias sociedades y prepararse para gestionar democráticamente sus consecuencias. Y eso obliga ante todo a descubrir y reconocer su multiculturalidad interna -previa pero soterrada-, pues la gestión política de la diversidad cultural ha consistido sobre todo en negar, en eliminar esa diversidad, desde el modelo de los Estados nacionales- que en la mayoría de sus manifestaciones históricas obedece a la obsesión de la homogeneidad y de unidad, e ignora la distinción entre diferencia y desigualdad, entre igualdad y uniformidad, entre cohesión y homogeneidad, entre unión y unidad. Paciencia, porque obliga además a aceptar la complejidad, lo que añade dificultad a la gestión democrática de esas sociedades. No valen las recetas simples, los atajos (el del asimilacionismo brutal o el del ciego relativismo que ignora los conflictos), y por eso aquí no hay soluciones mágicas, a corto plazo. No todas las instituciones y prácticas culturales son la cliteroctomía, ni todas las reivindicaciones de reconocimiento de derechos específicos consisten en quemar a la viuda en la pira funeraria del marido.  Pero tampoco cualquier hecho añejo comporta derecho porque sí, por su mera existencia o repetición. Y además, la primacía de los derechos no es una receta simplista. Baste con pensar un momento, sin salir de nuestra tradición cultural, en los dilemas que plantea el reconocimiento del derecho a la vida y a la libertad personal.

Negociación sin exclusiones. La democracia pluralista exige una lógica garantista e inclusiva, que postula la noción de igualdad compleja, de soberanía compartida o consociativa, de ciudadanía diferenciada o multilateral, que cumpla con la función identitaria sin eliminar la igualdad básica en soberanía y derechos. Postula asimismo tomar en serio cultura y reconocimiento como bienes primarios, como necesidades dignas de satisfacción, con consecuencias jurídicas y políticas. Y eso nos obliga a discutir acerca de las condiciones para negociar la participación igualitaria en el espacio público, desde la pluralidad, sin que ello destruya ni la cohesión ni la igualdad.

Todo esto exige un debate sosegado, político y jurídico, no metafísico o religioso, como he recordado en alguna ocasión evocando a Rawls; es decir, un debate que se aleje del dogmatismo y del prejuicio de quienes predican en favor o abominan en contra como si fuesen virtudes teologales o pecados capitales. Un debate acerca de la conveniencia de reconocimiento, por ejemplo, de determinados derechos colectivos, allí donde no baste con medidas de discriminación positiva o acción afirmativa para conseguir la integración de quienes, por el hecho de su diferencia, se ven privados de participar en el espacio público en términos de igualdad. Un debate que permita obtener acuerdos desde el respeto a los derechos y a las reglas de juego democrático, lo que exige ante todo el respeto por el disenso, que es el punto de partida y no un molesto coste subsidiario.

(*) Javier de Lucas Martín es director del grupo de Investigación sobre Inmigración de la Facultad de Sociología y Antropología de la Universidad de Valencia.